SECRETO PROFESIONAL: La apisonadora del “LAWFARE”

Este término que últimamente leemos y oímos en todas partes, no es otra cosa que el mecanismo del mal perdedor para intentar tumbar a su enemigo. Así lo que se denomina “guerra jurídica”, consiste en agotar a tu rival político con base en continuas demandas, querellas con o sin justificación aparente, para alejarlo de lo importante y mantenerlo ocupado en otras lides. Sun Tzu en el Arte de la Guerra decía: “Cansa a los enemigos manteniéndolos ocupados y no dejándoles respirar”. Si bien en la antigüedad sería considerado por grandes estrategas una maniobra bélica excepcional, hoy no deja de ser una treta vil y mezquina, maquinada por adversarios políticos sin mucha más alternativa y con cierto tufillo a distracción de otros sucesos “reales” de patente actualidad en nuestro país.
Podemos, es experta en ser objeto de esta estrategia. Desde su formación como partido político, tras su origen en los movimientos 15-M, no ha parado de enfrentarse a estos trabucazos constantes en su línea de flotación. Disparados a bulto y sin, normalmente, fundamentación jurídica alguna.
Pues bien, un nuevo episodio sacude los cimientos de la formación morada, ahora desde su propio centro neurálgico. El antiguo abogado de Podemos es ahora el protagonista y, según leemos en la prensa, el sustento para este nuevo asunto se basa en conjeturas y rumorología varia (Si habéis visto Umbrella Academy, Allison Hargreeves estaría más que orgullosa). Casi todas ellas pasadas por varios interlocutores antes de llegar a oídos del denunciante. Así, se refieren a supuestas donaciones efectuadas con fondo en los sueldos de cargos del partido y con destino a proyectos sociales en favor de personas en riesgo de exclusión social. Vaya, la famosa caja B que ha cambiado de bando.
Dado que analistas políticos y de actualidad, hay a montones y mucho más preparados que el que redacta estas líneas, quiero hacer referencia a algo que parece no ser relevante en este nuevo episodio contra Podemos. Uno de los principios fundamentales de la abogacía, y que todo letrado ha de salvaguardar, respetar y atender siempre: El secreto profesional.
Tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, como en las normas deontológicas por la que ha de regirse todo abogado, el secreto profesional se encuentra regulado de forma clara y sin posibilidad de grandes interpretaciones en cuanto a su contenido: simple y llanamente no se puede infringir. Tal es así que su inobservancia puede acarrear consecuencias penales como se contiene en el art. 199 del Código Penal:
“1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.
2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años”.
No obstante, en el caso de ser infringida esta norma por un abogado ni siquiera es necesario que su incumplimiento se refiera a un secreto, puesto que, en su vertiente deontológica, simplemente basta que lo que se divulgue haya sido conocido en el desarrollo de la profesión. Únicamente en el ámbito tributario y en la normativa relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales puede quedar dispensada esta obligación profesional.
De esta forma, queda claro que, y enlazando con el inicio del artículo, el “lawfare” es el mecanismo paradigmático para fagocitar a tu enemigo y destruirle poco a poco, aunque con ello se colapsen todavía más nuestros juzgados o se lleve por delante principios fundamentales de la abogacía. Los detalles, los cuales desconocemos, y atendiendo a la normativa expuesta, serán los que permitan saber hasta que punto se puede ignorar la ética profesional de una de las profesiones más vilipendiadas. Que el denunciante se encuentre en uno de los supuestos por los que se le puede dispensar de la preservación del secreto profesional es algo que todavía está por ver.
Será necesario esperar para conocer si este nuevo acto conlleva simplemente otra enorme polvareda en nuestra actualidad político/judicial o si realmente puede imputarse algún delito a alguna de las partes implicadas.

A este coctel invita.

José V.M